Uruguay

Cuando la violencia es institucional

SURda

Opinión

 

Veronika Engler

 

“Los métodos de opresión, no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido”

Pablo Freire

 

Con el fin de albergar pescadores que llegaban hasta la costa para trabajar y aficionados a la pesca en busca de la tranquilidad, se construyeron los primeros ranchos en lo que hoy es el casco viejo de Santa Catalina, eso fue a mediado de los años 50. En ese entonces no había luz, agua potable, ni ningún servicio estatal. La segunda tanda de habitantes, comenzó a llegar a fines de la dictadura y principio de la recién instaurada democracia en busca de la posibilidad de construir una vivienda propia. Para ir a trabajar, estas personas debían caminar cuatro kilómetros hasta camino Sanfuentes. Uno o dos tanques diarios de doscientos litros de agua potable eran traídos hasta aquí por Juan Lucas, fue entonces cuando los vecinos comenzaron a organizarse para acercar los servicios públicos hasta el barrio. Alrededor del año 80, los habitantes construyeron la primera escuela en Víctor Hugo y poco más tarde la antigua policlínica que estaba ubicada en la calle Pez Espada. En la década del 90, cuando el “boom” de los asentamientos hizo erupción en Uruguay, en Santa Catalina no quedaron terrenos por ocupar y de a poco se instauraron las mejoras gracias a la fuerza y persistencia de los vecinos organizados. La llegada del transporte urbano trajo consigo la afluencia de más personas que disfrutaban de las playas y sumó la posibilidad de abrir nuevos comercios. Alrededor del 2000 se ocupó lo que hoy es “San Martín I” y unos años más tarde el “San Martín II”. La historia de la formación del barrio dejó como herencia una dinámica de organización vecinal y solidaridad colectiva, lo que conlleva a que a pesar de las dificultades económicas y estructurales haya un vínculo entre los habitantes. No menos importante es el fuerte sentido de identidad que poseen quienes viven aquí desde hace años.

 

En la actualidad existen dos escuelas, una de ellas es de tiempo completo, también está en marcha la construcción de una UTU y un centro de educación preescolar, contamos con un centro comunal y dos CAIF. También existe una policlínica financiada por el comando Sur de los EEUU y  aproximadamente 100 metros de camino Burdeos que cual pista de aterrizaje, conducen a la regasificadora. Santa Catalina carece de veredas y las calles se tornan intransitables en tiempo de lluvia abundante, existen varias cañadas y los perros y niños circulan libremente por calles y playas, todos se conocen y saben quien es quien.

 

La realidad social, es, como en cualquier otro barrio, distinta de caso a caso. Hay quienes están marginados por la situación socioeconómica en la que viven, también existe una mayoría de trabajadores de bajos ingresos y un grupo minoritario que percibe ingresos medios. En suma se puede definir como un barrio pobre de la periferia de Montevideo. Las y los niños suelen conseguir “changas” o cuidan hermanos más pequeños y muchas veces desertan del sistema educativo a temprana edad, varios de ellos tienen problemas de aprendizaje, situación que suma dificultades a la hora de culminar los estudios. Se han detectado casos de saturnismo (contaminación por plomo), pero esto no ha trascendido ni existe un control serio de la situación. El consumo de pasta base es un problema real, como en el resto de la ciudad. No hay saneamiento, las cañadas que arrastran aguas servidas desembocan en la playa convirtiéndola en una de las más contaminadas de Montevideo con altos valores de coliformes fecales. A pesar de eso, la playa se llena de bañistas locales y de otras zonas de Montevideo y la policlínica atiende varios casos diarios de gastroenterocolitis. Debido a esta situación, la intendencia retiró las actividades veraniegas de educación física y canotaje en la que participaban un buen número de menores. Los jóvenes se quejan de la carencia de actividades propias a su edad, las condiciones de precariedad económica son un claro límite para trasladarse a otros barrios que puedan ofrecérselas. Por ese motivo, las actividades, además de algún partido de fútbol barrial, se limitan a juntarse en la playa o en alguna esquina. Las “picadas” en moto son una forma más peligrosa de pasar el tiempo.

 

Según Pablo Freire no existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados, en una situación objetiva de opresión, quienes instauran la violencia son los que oprimen y explotan. El terror es instaurado por quienes tienen el poder y no por los débiles. Nos aterrorizan con el miedo a ser robados y agredidos, entonces dirigimos el foco de nuestra atención hacia la población más vulnerada, exigiendo más policías, control y vigilancia, que se traduce en represión y muchas veces en abuso policial que pasa desapercibido.

 

Dar un pantallazo sobre un barrio como Santa Catalina pretende situar al lector en la realidad que con ciertos matices se vive en los distintos asentamientos y barrios pobres de Montevideo, realidad que conozco bien a raíz de mi trabajo y mi hábitat. Tomar como punto de partida de este artículo el asesinato de un joven que nació aquí se transforma en una desisión obvia debido la enorme repercusión que tuvo el hecho, repercusión que fue consecuencia de la reacción espontánea de los habitantes del barrio al manifestar su dolor, impotencia, frustración y rabia frente a la nefasta consecuencia de un acoso policial que se soporta desde hace tiempo. “Los procesos de desigualdad y la segregación territorial han sido acompañados por representaciones colectivas cuyo resultado más negativo lo podemos medir en la criminalización de la pobreza, el temor hacia los excluidos, la estigmatización y las variadas formas de intolerancia hacia el otro“(Rafael Paternain-Ya no podemos vivir así- Ensayo sobre la inseguridad en Uruguay 2013:27).

 

En los casi seis años que llevo viviendo en Santa Catalina, jamás he sido violentada ni robada por sus habitantes, tampoco durante los dos años que trabajé en Tres Ombúes, Cantera del Zorro y Cadorna tuve algún problema de esta índole, sin embargo se puede constatar que sobre los barrios que conforman el cinturón periférico de Montevideo pende un claro estigma de violencia fomentado por la prensa y el actuar policial. Las llamadas zonas rojas son catalogadas como cuna de delincuencia y vagancia cuando la realidad es que la mayoría de los que viven allí son familias de trabajadores que perciben salarios bajos.

 

La noche del 4 de noviembre fuimos testigos de un violento operativo policial desencadenado por la denuncia del robo a un almacén. Los vehículos transitaban a gran velocidad arriesgando atropellar a algún transeúnte que no atinara a dejar el paso libre, incluyendo a un niño que se vio obligado a tirarse en una cuneta para evitar ser arrollado por el vehículo policial. En la caja de una camioneta que en ese momento pasó por la terminal de ómnibus, se veía a un agente con rostro desencajado exhibir un arma en gesto amenazante. Un rato después, esa misma noche, recibimos un llamado telefónico en el que se nos avisó que habían matado a un joven. Fuimos hasta el cruce de Víctor Hugo y Rubén Darío donde un grupo de personas, principalmente niños y adolescentes hacían barricadas con el fin de impedir el ingreso de las fuerzas policiales al barrio, los jóvenes llegaban hasta allí arrastrando todo el material inflamable que podían encontrar para avivar la improvisada hoguera al grito de “justicia”. Con rostro angustiado, algunos explicaban que cualquiera de ellos podía haber sido la víctima, se sentían inseguros al pensar en la larga lista de “verdugueos” sufridos en manos de la policía y en lo expuestos que estaban frente a esa fuerza mayor, “no tenemos nada que perder” repetían. Sergio Lemos tenía apenas 19 años, ayudaba a sus padres en la barraca familiar y recientemente había conseguido su primer trabajo formal en Fripur, era conocido y apreciado por los vecinos quienes lo describen como tranquilo y trabajador. Considero que el buen comportamiento de la víctima no debe ser determinante a la hora de juzgar al verdugo, si Sergio hubiera cometido un delito, su asesinato sería igual de grave porque existe un sistema judicial que lo protege. Sin embargo se torna necesario mencionar como era Sergio por el efecto que su muerte causó en el barrio y en sus compañeros, el crimen agudizó el dolor y el sentimiento de inseguridad provocada por la injusticia cometida. Sus pares sintieron impotencia frente al hecho de que a pesar de la vida tranquila que su hijo llevaba, terminó siendo una víctima más de la política del “gatillo fácil“. El margen de las garantías que creemos poseer disminuye ampliamente frente a la injusticia, más aún cuando es cometida por los representantes del orden público. Los jóvenes que son sometidos a la violencia policial sienten que frente a estos hechos no importa si son o no culpables de delinquir, porque de todas maneras están expuestos debido a la apariencia o el lugar en el que viven. Son considerados culpables de antemano. “No es casualidad que en un país que concentra en sus niños, adolescentes y jóvenes los peores indicadores sociales, también descargue sobre ellos todas sus iras” (Paternain 2013: 48). Mucho se ha escrito sobre lo que sucedió esa noche en Santa Catalina, pero es importante resaltar que esta muerte fue consecuencia lógica de una serie de hechos acaecidos en el barrio y de una política represiva que se aplica principalmente en el cinturón periférico de la ciudad de Montevideo. Que a la policía se le “fue la mano”, que son “daños colaterales”, que los agentes están nerviosos y tienen miedo a consecuencia del alto índice de criminalidad, no son excusas ni motivos suficientes para justificar el fin de una vida por “error” a manos de quien deben protegernos y velar por nuestra seguridad.

 

No es la primera vez que la policía agrede a jóvenes de Santa Catalina, el 2 de setiembre, cinco agentes arremetieron violentamente contra un grupo que estaba reunido en una esquina. Detuvieron a tres de ellos que fueron desnudados y torturados durante la noche en la seccional 19, además de eso se los amenazó con ser acusados de vender drogas y de portar armas para horas más tarde dejarlos ir.  Por lo general nos enteramos de estos episodios cuando los casos de agresión son divulgados por la prensa, pero la violencia policial, en forma de aparatosos operativos o del “verdugueo” cotidiano es algo que los habitantes de los barrios periféricos están acostumbrados a sufrir. Cuando la represión se convierte en tragedia, o cuando las víctimas se atreven a presentar la denuncia, es cuando somos, aunque sea por un momento, concientes de lo que sucede. Pero la triste realidad es que la mayoría de las veces los afectados no se atreven a hacer públicos estos episodios de agresión policial o tortura por miedo a las represalias. Una madre que viven en la Cantera del Zorro, cuyo hijo adolescente fue apresado en una redada y posteriormente torturado en jefatura, me explicaba que no presentaba la denuncia por temor a que se ensañaran con sus otros hijos que también “hacían esquina”.“El Estado gendarme se yergue sobre el Estado social, y la obsesión por el control y el castigo no hacen más que reforzar las tendencias a la exclusión, la neutralización y la marginación, las cuales a su vez son las bases para la producción de aquello que se pretende combatir”. (Paternain 2013: 37)

 

La lista de casos en que se ha presentado denuncia por irregularidades, abuso y violencia policial que ha sido difundida por la prensa es extensa, pero no muestra la cantidad de casos que quedan indocumentados a causa del miedo de las víctimas a hacerlos públicos, es de todas maneras, importante resaltar la frecuencia con la se dan este tipo de “equivocaciones”, la violencia con la que se llevan a cabo los operativos policiales y la impunidad que los rodea. Revisemos atentamente el artículo 15 de la ley de procedimiento policial (Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes): “El personal policial tiene especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o actos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En el marco del artículo 8 de la presente ley, en ningún caso podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como amenaza a la seguridad interna o inestabilidad política o social para justificar tales conductas, propias o de terceros.”, este artículo no deja lugar a dudas sobre la prohibición que tienen la policía de infringir cualquier forma de maltrato, sin embargo los casos donde se practica tortura y coacción son abundantes.

 

El día en que asesinaron a Sergio Lemos, se apresó a otros jóvenes en condiciones irregulares, algunos de ellos eran menores de edad. La ley 16.707 de seguridad ciudadana dicta que “En todos los procedimientos en que se atribuya a menores de 18 años la comisión de actos descriptos como delitos o faltas por la ley penal, la resolución que determine las medidas a aplicar será precedida de audiencia indagatoria que deberá cumplirse con la presencia del Defensor y del Ministerio Público, debiéndose interrogar a los representantes legales del menor y a los testigos“. Sin embargo los menores apresados fueron golpeados, detenidos e interrogados sin que esta ley se aplicara. Tampoco se aplicó el capítulo III, titulo XI, 286 sobre abuso de autoridad contra los detenidos: “El funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.” Sin embargo, la jueza María Elena Maynard decretó el procesamiento de solo uno de los cuatro policías por el delito de homicidio de Sergio Lemos. Los otros tres efectivos que actuaron esa noche recuperaron la libertad y por supuesto no se dice nada de todos los agentes que estuvieron involucrados y cometieron serias faltas e irregularidades, ni sobre los que maltrataron al grupo de adolescentes que fueron apresados sin razón en la misma esquina en que mataron a Sergio. Hubo también agresiones a la familia en el centro coordinado del Cerro, la cual sufrió además del dolor de saber a su hijo muerto, el impedimento de ver su cuerpo y el atropello policial. Una muchacha de 20 años que acompañaba a los padres de Sergio fue esposada y luego golpeada hasta quedar inconciente. En esa ocasión la víctima fatal fue el muchacho asesinado, pero hay varias víctimas que esperan por justicia. El 5 de noviembre, un día después de que se cometiera este asesinato, un policía dio fin a la vida de un joven de 20 años cuando este huía en una camioneta robada, el joven no iba armado. El agente fue enviado a prisión por la justicia de Pando. El domingo 8 de diciembre, a poco más de un mes de estos sucesos, en el barrio Casabó, un grupo de adolescentes fueron golpeados, insultados y apresados por la policía. A los padres de los jóvenes se les dijo que los habían conducido a la Seccional 24, pero allí les informaron que no estaban enterados de ningún procedimiento en el que hubiesen involucrados menores de edad. Los adolescentes fueron llevados al hospital Filtro, donde según declara una madre, la doctora que los atendió también los increpó y se burló de ellos haciendo caso omiso de las heridas que presentaban, esta doctora firmó al parecer el parte médico donde consta que estaban en perfecta condición física. Posteriormente los trasladaron a la seccional 24 donde los interrogaron y los esposaron contra la pared. A los padres se les comunicó que los trasladaban al INAU. Allí les informaron que el procedimiento fue irregular ya que nunca se dio parte al juez o a la jueza de turno ni existía denuncia alguna, llamaron a una ambulancia del SUAT donde otra doctora constató que los adolescentes estaban lastimados. De allí los volvieron a trasladar a un calabozo de la Seccional 24 para luego proceder a llamar a la jueza de adolescentes de tercer turno, Teresa Larrosa. Después de que habían transcurrido 15 horas desde el apresamiento, fueron entregados a sus padres sin ninguna explicación sobre lo sucedido. Tampoco en este caso se respetó la ley de seguridad ciudadana. Por esa fecha, el órgano estatal autónomo INDDHH (Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay) advirtió sobre varios casos de abusos por parte de la policía y recomendó a las autoridades mejorar la formación del personal policial, al tiempo que llamó a redactar una ley que regule la actividad de inteligencia. También presentó un informe sobre casos de violencia institucional e interpersonal que muestran la existencia de un patrón de conducta generalizado. En ese informe se encuentran algunos de los casos que menciono en este artículo. El abogado penalista Juan Faroppa sostiene que debería existir una ley que regule los límites y el alcance que tiene la actividad de inteligencia del estado tanto como los controles que se realizan.

 

Hace casi dos años, en junio del 2012, al ser presentado el documento titulado “Estrategia por la Vida y la Convivencia”, Alberto Breccia, en aquel entonces secretario de presidencia y los ministros Bonomi, Olesker y Huidobro afirmaban a la prensa que "en la mejora de la seguridad ciudadana es clave mejorar la eficacia policial a través de un conjunto de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada". Aludiendo al  aumento de salarios, mejora de equipamiento y tecnología reconocían que la policía ha tenido un fuerte respaldo presupuestal, de hecho, el mayor en la historia de nuestro país. Terminaban afirmando que “Hoy la sociedad está en condiciones de tener mejores resultados en la prevención y represión del delito". Para efectivizar y mejorar el trabajo de la policía, se incrementó el número de efectivos, se les subió el sueldo y se adquirió nuevo, mejor y muy costoso equipamiento. Este dinero, que sale de nuestros bolsillos, se justificó basándose en la teoría de que mejoraría el desempeño. Según cifras de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en el año 2010 había 28.389 policías en todo el país; en el 2011 29.799 y en el 2012 la cantidad aumentó a 30.461 efectivos, o sea 2.072 policías ingresados en los tres primeros años de mandato del ministro del interior Eduardo Bonomi. También aumentaron los sueldos que recibe la policía, de hecho fueron los únicos salarios que aumentaron un 100%. Un agente de segunda que recién ingresa a la fuerza recibe 21.000 pesos nominales. En cuanto al equipamiento y sin entrar en detalles de armas y uniformes, me referiré a que el incremento de vehículos que hubo desde el 2010 hasta fines del 2013 fue del 34 %, lo que resulta en una flota de 4.363 unidades, a la misma se incorporan este año 150 nuevos patrulleros, más 30 adicionales y 5 vehículos para tareas no operativas. Vale la pena no pasar por alto los equipos de vigilancia comprados por el ministerio del interior que ascienden a un costo de casi 1 millón de dólares y no olvidemos que la policía uruguaya recibe entrenamiento dictado por la unidad especializada en táctica y entrenamiento policial que pertenece al ejército de Israel y son dadas por policías argentinos y brasileños, situación que por su significado político debería despertar un enorme debate. “Cuando aumenta el nivel de voracidad de la máquina policial, más ineficiencia se genera. La ausencia generalizada de gobiernos políticos y técnicos que gestionen los aparatos policiales ha implicado históricamente la autonomía funcional de estos. El trabajo policial pasa a ser un misterio insondable, aunque de todos modos sus promesas de seguridad se renuevan sin alcanzar jamás una meta de protección y sosiego” (Paternain 2013: 34). Dentro de esos “misterios insondables” podríamos ubicar el patrullaje ilegal de policías en vehículos de la embajada de los Estados Unidos descubierto en enero del 2013. La denuncia en ese caso fue presentada por Gonzalo Barone, dirigente del partido nacional. Barone fue interceptado por dos vehículos de representación diplomática en el que iban policías de la seccional 14 y personal de seguridad de la embajada, en este operativo le pidieron mostrar sus documentos de identidad. En la actualidad no sabemos si esos patrullajes continúan ni el motivo por el cual se realizaban a pesar de violar la soberanía del país y los derechos y garantías individuales. Paternain nos aconseja con sobradas razones tomar en serio la reflexión de Goldstein : “en una sociedad libre, por la naturaleza estricta de sus funciones, la Policía es una anomalía. Es investida de una enorme autoridad, en un sistema de gobierno en el que la autoridad es renuentemente concedida y, cuando eso acontece, es luego reducida. La forma específica de la autoridad policial -aprehender, investigar, defender y usar la fuerza- es apabullante, en el sentido de que puede desagregar la libertad, invadir la privacidad y, de una forma rápida y directa, causar fuerte impacto sobre los individuos. Y esa autoridad pavorosa, por necesidad, es delegada a las personas del más bajo nivel de la burocracia, para que la ejerzan, en la mayoría de los casos, sin supervisión y control (Paternain 2013:66).

 

Si consideramos como abuso policial todo acto cometido por agentes policiales en ejercicio de sus funciones que implica violencia moral o física contra la población, lo es cualquier tipo de hostigamiento, ya sea en forma de insulto, procedimientos inhumanos, crueles, denigrante, degradantes o detenciones arbitrarias. Los actos abusivos, así como la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley también se deben considerar como casos de abuso policial. Los episodios de violencia y abuso policial se han convertido en rutinarios y habituales, varios de ellos están documentados y datan de años atrás. En el año 2012, el abogado de IELSUR, Diego Camaño, declaró que es ilegal detener a una persona por no llevar documentos en el marco de operativos policiales, él sostiene que es un actuar que quedó dentro del procedimiento policial, pero que no está amparado por ninguna ley. Camaño asegura que son formas de actuar que quedaron de la dictadura. Vivimos en una “democracia aterrorizada”, explicaba el filósofo y escritor argentino Alejandro Rozitchner, refiriéndose al legado y a las huellas que la dictadura militar dejó en Argentina, en nuestro país sucede lo mismo. Las prácticas represivas que aplicó la policía y los militares en épocas de dictadura, siguen vigentes e impunes. Los métodos de tortura e intimidación se practican aún en época de democracia, y a pesar de que nos parezcan inverosímiles y plausibles de investigaciones serias y duros castigos, quedan en la mayoría de los casos perdidas en una turbia burocracia y son torpemente justificadas por el ministro del interior.

 

Recordemos que el 14 de octubre del 2012, durante un operativo policial en el Marconi fue asesinado Álvaro Nicolás Sosa de 25 años de edad, muerto por el simple “delito” de encontrarse allí en el mismo momento en que se realizaba el operativo. Quiero señalar como factor común que al igual que con el suceso de la muerte de Álvaro, varios de los casos han sido archivados o las sanciones dadas a los efectivos policiales involucrados son en extremo benevolentes. Algunos episodios que sirven para constatarlo han sido informadas por la prensa y han encontrado mayor o menor repercusión según la reacción y el nivel de reclamo de la población involucrada o la gravedad de los mismos. Sin embargo es muy difícil encontrar información fidedigna sobre el desenlace y las consecuencias que han tenido las denuncias realizadas a partir de los crímenes o de los procedimientos irregulares efectuados por la policía, existen escasas referencias que son insuficientes como para que los ciudadanos sepamos si se está haciendo algo respecto a esta situación. Somos bombardeados con información sobre la violencia y la inseguridad a la que nos encontramos sometidos y recibimos continuamente noticias acompañadas de un sinfín de detalles morbosos sobre los crímenes cometidos por la población civil, pero no se nos informa sobre la inseguridad provocada por los actos arbitrarios cometidos por los agentes del orden, ni se nos dice como defendernos o que garantías tenemos. Para comprenderlo debemos colocar los casos de violencia policial en el contexto en el que se desarrollan y dejar de verlos como situaciones aisladas o “errores” inevitables. Son varios los abogados penalistas que sostienen que la tendencia al aumento de casos de abuso policial crece. Los abogados Durand y Salle han advertido sobre el hecho de que muchas víctimas de la violencia policial no hablan porque son amenazados, Salle declara con propiedad: “Este momento en que hay un aumento de la criminalidad y de la metodología violenta, es propicio para menguar todos los sistemas garantistas“. Como dice una canción de Ismael Serrano: “Ellos nos protegen de ti, de ellos quién nos va a proteger?”. Para comprender la gravedad de la situación es importante prestar atención a la forma en que son efectuados los procedimientos, la violencia desplegada por la policía, la impunidad en la que quedan y la poca importancia que se le da a las leyes que en teoría defienden a los civiles de este tipo de abusos.

 

Hay acusaciones que son de índole gravísima por el hecho de que las víctimas son menores de edad, por ejemplo, el 6 de abril del 2013 se acusó a policías de torturar a un menor en situación de calle. La denuncia fue presentada por Ielsur y el directorio de INAU. El menor fue llevado en auto a una dependencia policial y allí fue torturado, entre otras cosas le hicieron submarino seco, que consiste en poner una bolsa de nylon en la cabeza del torturado a la vez que se lo golpea. Los ciudadanos tenemos derecho a saber que resoluciones se toman como consecuencia de las investigaciones y a tener la seguridad de que en caso de comprobarse la culpabilidad de los agentes involucrados, estos serán debidamente castigados y retirados del servicio y del contacto con la población y no solo trasladados para que puedan repetir el delito en otra dependencia como muchas veces se hace.

 

Los allanamientos sin órdenes judiciales también son una práctica frecuente que rompe con las leyes de seguridad ciudadana. En el mes de noviembre, en Lezica, cinco efectivos policiales irrumpieron violentamente en la casa de una familia que tenía un supermercado. Los esposaron, les pegaron y registraron la vivienda. El dueño de casa asegura que a las dos horas de eso colocaron pasta base detrás de un ropero que ya habían revisado. Les robaron electrodomésticos y artículos personales del hogar y entraron en el supermercado de donde se llevaron el dinero, cigarros, whisky, golosinas, cerveza y refrescos. Luego fueron conducidos a la seccional 19 donde los instaron a firmar un papel en el que decía que habían encontrado droga e incautado solo 1400 pesos. Frente a la negativa de hacerlo el hombre fue golpeado, picaneado y le practicaron una suerte de submarino seco con un buzo en la cabeza, como consecuencia de los maltratos terminó en el hospital. Frente a las presiones sufridas la mujer firmó el documento. No vieron al juez y simplemente fueron dejados en libertad. El 10 de mayo del 2013 allanaron  el espacio “la Solidaria” sin presentar ninguna orden de allanamiento. Patearon la puerta e insultaron y amenazaron a los allí presentes, en esa ocasión se llevaron abundante material de la radio. El 8 de febrero de este año, cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), realizan otro allanamiento por “error” en Malvín Alto. El procediendo fue el mismo; rostro cubierto, sin identificarse, amenazando con armas de fuego y por si fuera poco, terminaron alterando la orden de allanamiento con lapicera para justificar el error, ya que el número de la casa que allanaron no coincidía con el número que figuraba en la orden de allanamiento. Los abogados penalistas Diego Duran y Gustavo Salle, afirman que los allanamientos son cada vez más violentos y que en los mismos se registran robos e incluso se acusa a los efectivos policiales de “plantar” droga para inculpar a los investigados. También se acusa a los policías de causar destrozos innecesarios, entre los que se incluyen daños a juguetes o muebles. A pesar de las cuantiosas denuncias, el juez del crimen organizado Néstor Valetti, trata de minimizar la importancia de las mismas alegando que son una “estrategia de defensa” de los imputados para menguar las penas y evadir responsabilidades”, al respecto de las denuncias de robos asegura que es algo que sucede, pero que no es “una constante”. Por otro lado el juez del tribunal de apelaciones en lo penal, Julio Olivera Negrín sostiene en cuanto a las irregularidades en los allanamientos, que las acusaciones nunca fueron comprobadas con “pruebas fehacientes“.  Mientras no se interpreten estas situaciones como abuso de poder y se actúe en consecuencia, estos casos van a ir en aumento. El endurecimiento de los castigos hacia la población civil en contraposición con la flexibilidad y continua disculpa hacia los delitos cometidos por la policía son una paradoja. La víctima debe acusar al verdugo, que en este caso lo desmiente en nombre del estado, y debe probar a pesar de encontrarse en inferioridad de condiciones que dice la verdad, nos encontramos frente a la palabra de un ciudadano contra la del estado. El hecho de que el número de denuncias crezca no revierte la situación tendiente a encubrir o justificar la violencia policial. Quienes tienen en sus manos el deber de controlar la delincuencia y el delito, deberían dar el ejemplo en cuanto al comportamiento y la transparencia en ejercicio de sus funciones. Por ende, un asesinato, un robo, o un abuso, se tornan más grabes si son cometidos por quienes trabajan para el estado y tienen la función de hacer cumplir la ley. Todos estamos de acuerdo en que la tortura fue una práctica sádica y salvaje utilizada por el terrorismo de estado, ¿qué pasa cuando un estado democrático esconde, disimula y niega la tortura?; sencillamente legitima la ilegalidad y la deshumanización como prácticas habituales del aparato policial, dando luz verde a la incrementación de estos métodos.

 

Otra situación irregular está conformada por las detenciones injustificadas y las detenciones en las que se ejerce violencia.  El 18 de julio del 2013, la asociación de prensa uruguaya hizo pública la denuncia por agresión al periodista Gustavo Guisulfo por parte de efectivos de la seccional 1. El periodista fue detenido cuando intentaba documentar la brutal agresión policial hacia otro ciudadano, en el momento de su detención fue golpeado contra un vehículo estacionado. Al ser liberado se dio cuenta de que las filmaciones que mostraban las agresiones contra la otra persona habían sido borradas. En agosto del 2013, tres jóvenes fueron detenidos por la policía y sometidos a malos tratos. Uno de ellos presentó denuncia penal a través de Ielsur tras tener la confirmación del médico forense de que había sido golpeado. El Ministerio del Interior realizó una investigación administrativa y trasladó a los policías involucrados para que realizaran otras tareas. El 8 de setiembre del 2013, en un partido entre Aguada y Defensor la policía apresó sin ninguna razón a una joven que esperaba en la puerta, la esposaron, insultaron, maltrataron y robaron. En la seccional 3 la desnudaron y la revisaron varias veces hasta que llegó el juez y le dio la libertad. Varios casos de índole similar han sucedido en otros partidos. La ley de procedimiento policial, cápitulo1, artículo 3 (Fases de la actuación policial) dice: “Las fases del accionar de la policía son la observación, la prevención, la disuasión y excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la Republica consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigente.”. Según esta ley, la policía debe agotar las otras fases antes de pasar a la fase de represión, que implica el uso de fuerza física, armas de fuego u otro medio material de coacción. Incluso aclara que el uso de la fuerza debe cesar inmediatamente al restablecerse el orden.

 

Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) y Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) elaboraron un comunicado en el que advierten que “el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos". En el mismo comunicado asocian esta política a la ley de Procedimiento Policial, aprobada en el 2008 y explican que la infiltración no está amparada por la ley, refiriéndose a la infiltración policial en actos, marchas y protestas. Cómo si solo fuera un problema de semántica, el secretario de la presidencia de la república Homero Guerrero hace suyas las palabras del ministro del interior Eduardo Bonomi, calificando a los infiltrados de observadores. Ielsur y Serpaj llaman a no aplicar “una política de amortiguación”, con esto se refieren a que mientras se promueven políticas de inclusión y derechos se continúa criminalizando a las poblaciones y grupos más vulnerados. Contar con “observadores” en la manifestación del 14 de agosto no evita que se agreda a los manifestantes,  el día en que se conmemoraba a los mártires estudiantiles, la policía disparó balas de goma que hirieron no solo a manifestantes, si no también a periodistas que estaban documentando el acto. El 24 de ese mismo mes, detuvieron a 12 personas que se preparaban para participar de la marcha por la masacre del Filtro, los policías involucrados en esta detención estaban vestidos de civil, no se identificaron ni dieron explicación sobre el motivo de la detención. Los detenidos fueron torturados en jefatura, allí se los golpeó, se les hizo hacer plantones desnudos, se los insultó y amenazó con ser violados, todos fueron liberados sin que se levantara ningún cargo contra ellos y sin haber sido trasladados al juzgado. El 30 de agosto volvieron a detener a dos de las mujeres que integraban el grupo, el procedimiento fue similar, en el participaron policías de civil que no se identificaron, esta vez las trasladan al juzgado antes de ser liberadas sin ningún cargo y luego de ser interrogadas sobre la marcha del 24.

 

Los requisitos para la postulación e ingreso a la policía se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Policial. Según el decreto del poder ejecutivo que data del 14 de diciembre del 2005, para aspirar al curso de cadetes para la formación de oficiales en la escuela nacional de policía se necesita haber aprobado enseñanza secundaria completa en cualquiera de sus orientaciones, pero para ingresar a la policía solo se necesita tener aprobado ciclo básico. En el 2008 se bajaron los requisitos para ingresar a la policía porque una buena parte de los que se presentaban no cumplían con ellos ni superaban las pruebas de ingreso. El subdirector nacional de policía, Raúl Perdomo opinó en un artículo del País fechado el 23 de enero del 2014 que habría que poner condiciones más exigentes para entrar en la policía, tales como mejorar la escolaridad y exigir liceo completo. Agrego a este razonamiento, que deberían exigir un estudio psicológico más exhaustivo, que nos de cierta garantía a la hora de entregarles un arma y el poder de utilizarla. En Paraguay, por ejemplo, a raíz del elevado número de denuncias por violencia doméstica en la que estaban involucrados policías, se realizó un estudio psicológico a los uniformados en actividad, un alto número presentó algún tipo de trastorno psicológico y los test realizados a los aspirantes mostraron que un 40% de los mismos presentaban trastornos similares.

 

Hoy tenemos un amplio plantel de policías bien remunerados, sobre todo si el sueldo que cobran se compara con los sueldos percibidos por otros funcionarios públicos, además de esto, cuentan con un equipamiento mejorado y entrenamiento especializado en combate. De hecho somos el país de Latinoamérica e incluso Europa que tiene mayor cantidad de policías por cantidad de habitantes, tenemos un efectivo cada 155 habitantes, nos sigue Bélgica con un promedio de un policía cada 276 habitantes. Una parte significativa del presupuesto estatal se destina a cubrir los gastos que esta política represiva implica. Los procedimientos policiales están plagados de irregularidades que nos colocan en una situación de alta vulnerabilidad. El robo en detenciones y allanamientos sucede habitualmente, se le llama “incautación de cosas que no tiene una vinculación con la causa del allanamiento”. La tortura física y sicológica es una práctica frecuente, varios testigos hablan de haber sido desnudados y puestos de plantón o de haber sufrido “submarino seco”, picana y golpes. Sacan fotografías, nos filman y escuchan en las marchas o actos de protesta con el fin de proteger al gobierno de la “amenaza” que representan los activistas y discrepantes. Apoyados en la ley de vagancia, salvaguardan a los ricos de sentirse amenazados por los pobres e indigentes, intentan mantener a raya a los jóvenes. La “tolerancia cero” es el nuevo credo del gobierno progresista que intenta resolver el problema de la violencia con un contradictorio aumento de la misma, pasando por alto años de análisis y el discurso de la izquierda en el que afirmaba que la causa de la violencia provenía de las brechas y diferencias sociales. La ley de procedimiento policial es utilizada para reprimir, pero los artículos que deben proteger a la población del abuso policial son ignorados. Como crecí en época de dictadura, conozco muy bien la cara de la violencia y de la represión policial y militar, también estoy familiarizada con el abuso de poder, por esa misma razón estoy convencida de que no es un tema de orden menor, si dejamos que esta violencia institucional crezca para aplacar otros tipos de violencia, hemos elegido un camino muy peligroso y difícil de controlar.

 

“La ilusión represiva es la nota dominante en el Uruguay actual. Las técnicas de control, vigilancia y señalamiento territorial se expanden, pues siempre hay un “enemigo” de porte para combatir: antes fueron la subversión y sus aliados, gobernados por el marxismo internacional; hoy son los jóvenes pobres y marginados, dominados por las subculturas y el crimen organizado” (Paternain 2013:5)

 

Referencias

Freire, Paulo (2013). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.

Ley 18.315, Ley de Procedimiento Policial, 2008. Recuperado de< http://www.parlamento.gub.uy/leyes/

AccesoTextoLey.asp?Ley=18315&Anchor=>.

Ley 9.155, Código Penal, 4 de diciembre de 1933. Recuperado de < http://sipom-uruguay.org/documentos/

ley_9155_codigo_penal.pdf>.

Paternain, Rafael (2013). Ya no podemos vivir así. Ensayo sobre la inseguridad en Uruguay. Montevideo:

Trilce.

Serrano, Ismael (1997). “Atrapados en azul”. En Atrapados en azul [CD]. Madrid: PolyGram Ibérica SA

Veronika Engler

Publicado en Contrapunto número 4, revista de Extensión Universitaria y Formación Popular (UDELAR)